Asturias ha aprobado definitivamente su Ley LGTBI+, culminando un proceso que durante años ha contado con la participación de entidades del territorio y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales. La Federación Estatal LGTBI+ ha celebrado la decisión del Parlamento asturiano y destaca especialmente que el texto final haya mantenido el articulado acordado con buena parte del tejido asociativo implicado en su elaboración.
Entre las organizaciones que han participado en ese trabajo aparecen XEGA LGTBIAQ+ Astur, Xuntes y Diverses, Llar Trans, Faciendo Camín y Colibrís en Acción, además de UGT y CCOO. Para la Federación, la aprobación supone el resultado de años de reivindicaciones destinadas a trasladar la protección frente a la discriminación a ámbitos que dependen directamente de las competencias autonómicas.
Una ley construida junto a las entidades asturianas
La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha puesto precisamente el foco en el papel que han desempeñado los movimientos sociales durante la tramitación. La organización considera que este tipo de legislaciones no aparecen de forma aislada, sino después de procesos prolongados de organización, negociación y reivindicación de derechos.
La norma busca establecer un marco autonómico específico para garantizar la igualdad y combatir la discriminación de las personas LGTBI+ en Asturias. Para las entidades implicadas, disponer de una legislación propia resulta especialmente relevante en ámbitos como la educación, la sanidad o los servicios públicos, donde las comunidades autónomas cuentan con amplias competencias.
La Federación también reivindica la importancia de que ese trabajo asociativo encuentre posteriormente una respuesta institucional. Iglesias considera que la aprobación de leyes de igualdad requiere tanto la movilización de la sociedad civil como la existencia de mayorías parlamentarias capaces de trasladar esas demandas al ordenamiento jurídico.
Castilla y León queda como la comunidad pendiente
Con la aprobación asturiana, la Federación señala a Castilla y León como la única comunidad autónoma que continúa sin disponer de una ley autonómica LGTBI+ o trans propia, aunque en sus Cortes existe una iniciativa legislativa en tramitación.
La organización utiliza esta diferencia territorial para reclamar que determinados derechos y mecanismos de protección no dependan del lugar de residencia de cada persona. Al mismo tiempo, Paula Iglesias ha mostrado preocupación por posibles modificaciones o retrocesos en legislaciones autonómicas ya existentes y ha reclamado mantener las garantías alcanzadas durante los últimos años.
Estas valoraciones forman parte de la posición política de la Federación, que también ha pedido a las distintas administraciones que continúen desarrollando políticas específicas contra la discriminación.
Siete de cada diez temen posibles retrocesos
La preocupación por la evolución futura de estos derechos aparece también en el Estado LGTBI+ 2026, estudio elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ junto a la agencia de investigación 40dB. Según los datos aportados por la entidad, siete de cada diez personas LGTBI+ consultadas consideran que la llegada de un gobierno ultraconservador podría poner en riesgo sus derechos.
La organización interpreta estos resultados como una señal de incertidumbre dentro del colectivo y reclama mantener la movilización social para consolidar los avances legislativos. Al mismo tiempo, pide a las fuerzas políticas comprometidas con estas normas que traduzcan sus posiciones en medidas concretas y en el desarrollo efectivo de las leyes aprobadas.
La aprobación de la norma asturiana cierra así un proceso de varios años y abre ahora una segunda fase: su aplicación. Para las asociaciones que han participado en su elaboración, el siguiente reto estará en trasladar el articulado a políticas públicas, protocolos y recursos capaces de convertir las garantías recogidas sobre el papel en protección efectiva frente a la discriminación.
