La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) rechaza el recurso de odio contra los derechos LGTBI+ presentado por Vox este miércoles ante el Tribunal Constitucional. La presidenta de la Federación, Uge Sangil, pide celeridad en el fallo, “ya que no existen dudas sobre la constitucionalidad de la Ley Trans y LGTBI+, tal y como acreditaron tanto el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la sentencia del propio Tribunal Constitucional en 2019”.
Así, Sangil añade que “no sorprende que un partido de ultraderecha, que nos llamó degenerados desde la tribuna del Congreso, se oponga a los derechos de las personas LGTBI+”. “A través de sus discursos nos presentan constantemente como personas enfermas, y a los miembros más vulnerables del colectivo como una amenaza. Debemos recordar que, debido a este partido, hemos tenido que escuchar en el Parlamento español que se está dando un alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad, como si fuéramos una pandemia”.
También recuerda que “el ataque contra nuestros derechos y nuestras identidades por parte de Vox es continuo y sus discursos solo generan odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad. Por eso, más de una decena de entidades sociales y los principales sindicatos hemos firmado un Pacto Social, para exigir a los partidos que pongan freno a los discursos de odio, que son el origen de la violencia en las calles, y lo traduzcan en un Pacto de Estado”.
Denuncian los intentos mediáticos boicotear la ley
La presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha señalado que “existe una campaña evidente para cuestionar la nueva ley. Se presentan mediáticamente pseudo fraudes de ley, como ejemplos para justificar que hay que eliminarla, cuando, por plazos, ni siquiera es posible que haya llegado a aplicarse”.
“Casos como el de Torrelodones, o los de determinados youtubers que dicen haberse cambiado de sexo, solo persiguen provocar y burlarse de la nueva legislación”. “Es evidente que personas que dicen haber cambiado de sexo, cuando aún no es administrativamente posible hacer el cambio registral, no tienen ningún interés real siquiera en hacer fraude. Solo quieren hacer ruido mediático y poner la ley en tela de juicio por motivos ideológicos“.
