La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) emprenderá acciones legales si el Gobierno de Murcia cumple su anuncio de blindar el veto parental exigido por Vox a través de la modificación en los decretos de currículum educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Así, de publicarse, la Federación recurrirá dicho decreto. Además, confía en que el Ministerio de Educación mantenga su compromiso de actuar, si esto ocurre, a pesar de las últimas modificaciones anunciadas por la Consejería de Educación murciana.
En este sentido, la responsable de políticas identitarias de FELGTB, Paula Iglesias, recuerda que “el veto parental, a pesar de sus últimas modificaciones, sigue vulnerando varias de las leyes recogidas por la legislación española, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU ratificada por España y va en contra del interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico del estado”. Además, denuncia que “se trata de una medida que vulnera el derecho del alumnado al conocimiento y que deja desprotegida a la infancia frente a la LGTBIfobia a la que la ultraderecha está incitando de manera recurrente desde la esfera pública”.
En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, manifiesta que “nuestras leyes prohíben el veto parental porque son un reflejo de nuestra sociedad y nuestra sociedad rechaza el veto parental porque quiere que sus menores crezcan informados y educados en el respeto, la igualdad y los derechos humanos. El veto parental sigue dejando a parte del alumnado aislado a merced de posibles ideas LGTBIfóbicas, racistas o machistas de sus familias”.
Es discriminación arrebatar el aprendizaje a los menores
Así, denuncia cómo la Consejería de Educación de Murcia ha adoptado el discurso LGTBIfóbico de la ultraderecha al anunciar que las charlas impartidas por el funcionariado no estarán expuestas al veto parental al entenderse que las personas funcionarias cuentan con una “neutralidad ideológica”.
“Las charlas en diversidad afectivo- sexual, familiar y de género, al igual que las charlas contra el racismo, el machismo o las que tratan sobre la inclusión de las personas con discapacidad son formaciones en derechos humanos impartidas por el tercer sector que nadan tienen que ver con contenidos ideológicos”, asegura. “Permitir a las familias que eviten que sus menores reciban este tipo de educación es lanzar el mensaje de que vivimos en una sociedad donde la xenofobia, el machismo o la LGTBIfobia son comportamientos aceptables”, añade.
“Arrebatar a los menores su derecho al conocimiento es una forma de discriminación contra la que el estado de derecho debe actuar. Se les está privando, entre otros aspectos, de conocer herramientas para identificar el machismo o las relaciones tóxicas, prevenir las ITS o combatir el acoso escolar”, asegura.
